Degradación social y política mayúscula en Colombia. (Otoniel Higuita, Coordinador del programa de Educaci{on para Jóvenes, Adultos y Adultas, Colegio CEDEPRO, sección Kennedy)
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Ha habido una degradación vertiginosa de los principios democráticos y la ética de gobernar en la sociedad colombiana. Es el reflejo de la sociedad global, regida por el principio de la ganancia y la propiedad privada. Los métodos para obtener sus propósitos se han transverzalizado, donde a veces parecen más violentos los de la empresa privada que los del mismo Estado, pero en realidad se entrelazan de tal manera que parecen un solo actor.
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Particularmente en Colombia, el estilo mafioso ha hecho escuela cuando de defender sus “ganancias” y “conquistas” se trata. Ello se ha visto reflejado en el quehacer de los carteles de la droga, el paramilitarismo, las fuerzas del Estado y los grupos armados ilegales que le han heredado ese estilo gansteril a las generaciones de jóvenes que hoy integran las llamadas bandas o combos de los barrios populares de las ciudades.
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Desde los máximos organos de poder del Estado la corupción y apropiación de los bienes públicos, la trampa, la doble moral, la mentira, el autoritarismo y el crimen han degradado la sociedad y conciencia de millones de gobernados. Por supuesto que habrá excepciones, pero diga alguien hoy: ¿qué aspecto es determinante en la sociedad colombiana, cuál es el elemnto que define el carácter de la sociedad?
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La empresa privada ha actuado de la misma manera que el estado. (La transnacional Chiquita Brands se declaró culpable en marzo del 2007 ante el Tribunal Federal de Distrito de Columbia, al reconocer que actuó libremente para decidir sobre la financiación a las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.) Se la sindica de suministro, transporte y dotación de armamento y munición a las A.U.C., donde torturaron, asesinaron y masacraron a líderes sociales, dirigentes sindicalistas y líderes políticos, y promotores de O.N.G.s de derechos humanos. La Corte de apelaciones de Alabama aceptó que los hijos de los sindicalistas de Drummond, Locarno, Oscarsita y Soler, asesinados por paramilitares, inicien un juicio contra la carbonera)
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Experimentamos como excepcional lo que debería ser la esencia de una sociedad democrática sustentada en los principios de las libertades, los derechos, los valores éticos, y, sobre todo, el derecho a la vida digna de todas y todos los ciudadanos.
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Cuando las instituciones fundamentales que deberían velar por el bienestar, vida y honra del ciudadano de acuerdo al mandato constitucional, han cometido crímenes atroces como los falsos positivos (en verdad ejecuciones de civiles inocentes presentados como caidos en combate para buscar recompensas monetarias y premios en las Fuerzas Armadas); fraude electoral como el cohecho en el caso de la reelección presidencial; violación a la intimidad y privacidad individual y seguimientos a Magistrados, opositores, periodistas y críticos del actual gobierno como lo ha venido haciendo el DAS a través de las chuzadas; la descomposición e ilegitimidad a que llegó el Congreso de la República por sus vínculos cpn paramilitares; el nepotismo y prevaricato de altos funcionarios del Estado, como el caso del Agro Ingreso Seguro, el robo de la salud por los magnates de las EPS, etc., podemos concluir que asistimos al quiebre vertiginoso del Estado, y por consiguiente a un precario orden social.
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Sin lugar a dudas el tipo de régimen que tenemos es la síntesis del sistema mafioso-paramilitar, que se montó sobre un programa ramplón neoliberal aperturista que entrega al capital transnacional riquezas, mejores inversiones y recursos para que llene su insaciable panza.
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Estamos muy lejos de llegar a ser una dictadura en el sentido histórico, lo cual no quita el carácter conservador, autoritario y semiconfesionalista de éste y anteriores gobiernos en la historia reciente del país. Prueba de ello es que, la Constitución del 91, de la que tanto alarde hacemos, no pasa de ser una desfigurada Carta de la que sobresalen unos pocos logros, como las acciones de tutela y algo más.
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La contrarreforma conservadora y el ataque de moralistas y neoliberales cambiaron profundamente el contenido de la Constitución del 91 y ello prevalece en ella. Solo ahora se ve a plenitud el efecto perverso de la Ley 100 que impulsó como senador Alvaro Uribe Vélez.
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La intención de cambiar la razón de ser de la educación pública por parte del actual gobierno Santista a través de ley 30, ha hecho despertar un vasto movimiento nacional contra dicha ley. Movimiento que se opone a las intenciones de abrirle el camino al capital y empresa privada para que haga de la educación un sistema donde sus objetivos y razón de ser pasan a ser determinados por la dinámica del mercado. Algo así como sucedió con la salud.
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Lo que ha pasado con la salud, el billonario robo y abuso de los recursos públicos con que se debe sostener este derecho fundamental, es una prueba fehaciente de hasta dónde hemos llegado en este país.
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Es costumbre afirmar que cada generación está obligada a pensar y resolver sus propias crisis, y de ésta creemos asumirá bajo las condiciones de hoy, el rol del sujeto político que le corresponde.
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La amenaza que realmente enfrentamos en una sociedad como la colombiana, frágil y vulnerable a los ataques de moralistas y restauradores de derecha, es un reto mayor para esta generación que como en otros rincones del globo se ha levantado indignada, conciente de que el futuro de sus vidas está definitivamente en sus propias manos y no en la de los proyectos políticos de partidos y clases cuyo interés es acumular riquezas tanto por via privada como pública (apropiándose de las finanzas públicas)
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La derecha colombiana tiene prisa en acabar de consolidar su estrategia de guerra, disfrazada en la Prosperidad Democrática. Por eso cada día que pasa asistimos a una mayor degradación moral de quienes detentan el poder político. Y aquí es donde cabe la pregunta: ¿legitimar este estado de cosas? ¿avalar el modus operandi del sistema en las elecciones? ¿Son posibles otras formas de acción política?
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El modelo uribista de la Seguridad Democrática ha demostrado sus flaquezas, los costos de la guerra, el horror de los millones de víctimas de dicha estrategia, el desgaste de un discurso que priorizó la guerra aunque testarudamente negó el conflcito armado que vivimos desde décadas.
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La degradación del poder acompañada de la moralización recalcitrante de la derecha están directamente relacionados a la política de guerra que se ha impuesto en los últimos gobiernos. No rechazarlos y evitar la confrontación de tal estrategia política, sólo sirve para ensoberbecer los propagandistas de la continuidad de dicho modelo, haciéndose cómplice de los que tienen este país hundido entre la miseria, el crimen, la ilegitimidad y la corrupción. La renovación de la ética del poder pasa por asumir la crítica al modelo político vigente, desenmascarando su esencia y proponiendo su cambio. No se trata de hacer alianzas con quienes todo cambian para que nada cambie, sino cambiarlo todo para que todo cambie. Esta generación tiene la palabra.
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Oto Higuita
3 de junio de 2011
